A la fecha en que escribo este artículo, el problema de vivienda en España, es ya considerado como una de las cinco principales preocupaciones que afectan a los españoles, junto con los problemas políticos, la inmigración, la salud y la ausencia de trabajo.
El problema de la vivienda, no es otro que la ausencia de la misma a disposición de la población, que cada vez tiene más dificultades para el acceso a un inmueble, en el que poder desarrollar su vida, dando así cabida al derecho constitucional que nos asiste, acorde establece el artículo 47 de la Constitución.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”
Como abogado, no voy a entrar en consideraciones jurídicas en este artículo, prefiero hacerlo accesible a cualquiera que lo lea y lo planteo más bien desde la óptica de cualquier ciudadano, que como yo, se ve afectado por esta situación que se ha ido desarrollando a lo largo de la última década.
Podemos afrontar el planteamiento del problema desde dos vertientes, no alternativas entre ellas, sino coincidentes entre ambas.
Por una parte, la necesidad de redistribuir el uso que se hace de las ya existentes. El número de viviendas que pudieran estar disponibles para atender las necesidades habitacionales de las personas que las demandan, (especialmente preocupante es la situación de los jóvenes) se encuentran distribuidas por lugares que no siempre coinciden con los lugares en que son demandadas, creándose un desequilibrio entre la oferta y la demanda que ofrece la paradoja de, que mientras en los grandes núcleos urbanos los inmuebles son escasos y caros, tanto para su acceso en propiedad como en alquiler, en otras zonas del país hay viviendas y localidades enteras, que languidecen por la ausencia de habitantes que las ocupen. Estamos ante el problema de la despoblación de grandes zonas que se da en nuestro país, que, como digo, ofrece la paradoja de que mientras en cualquiera de las grandes capitales se paga una cifra desorbitada por alquilar un piso minúsculo, a menos de cien kilómetros de esa ciudad, se ofrecen alquileres de muy buenas casas a precios irrisorios que nadie ocupa.
(Recomiendo la lectura de mi libro <<La Andalucía Vaciada>>, ed., Almuzara, publicado en mayo de 2.023).
A este problema de distribución de la población, mucho más complejo que el acceso a la vivienda, debemos sumar el volumen de inmuebles que pudiendo ser usados, están vacíos y sin uso. En esta situación se encuentran grandes bolsas de inmuebles que pertenecen a entidades financieras, grandes promotoras inmobiliarias y los llamados grandes tenedores, que con la forma de fondo de inversión o sociedad mercantil, e incluso personas extranjeras, que compran en España como inversión, conocedores del negocio especulativo en que se ha convertido la vivienda, acaparan un porcentaje sorprendentemente alto y que bien por tenerlos destinados a la especulación o por la imposibilidad de disponer de ellos por diferentes cuestiones, copan un volumen de pisos y casas, que de estar en el mercado libre destensionarían el mismo.
Sumemos a ello, otro montante de viviendas que se quedaron a medio construir cuando estalló la burbuja inmobiliaria allá por finales del año 2.007. No es nada extraño circular por cualquiera de los grandes núcleos urbanos y por las afueras de los mismos y observar esqueletos de inmuebles en construcción que se quedaron a medio hacer cuando se esfumó el dinero, algunos en un sorprendente estado de avanzada construcción, que irremediablemente se acabarán perdiendo por los desperfectos del paso del tiempo y su falta de mantenimiento.
Como no, el fenómeno que ha supuesto la aparición e indiscriminada explotación de los pisos turísticos, cuyos efectos se extienden como una mancha de aceite ya mucho más allá de los núcleos históricos de las ciudades, hasta barrios residenciales alejados del centro y que ha provocado que todas estas urbes estén perdiendo su configuración y estructura vecinal, en beneficio del descontrolado mercado especulativo que sin control gubernamental, campa a sus anchas de la mano del turismo de masas.(Recomiendo igualmente la lectura de mi artículo <<La Gentrificación>>, elescritor.es, abril de 2.023).
Por no abrumar con datos diré, que esta situación ya ha convertido en un parque temático ciudades como Venecia o Florencia y va camino de hacerlo en otras como Barcelona o Sevilla. Según información de la Junta de Andalucía, en su territorio había ya 139.163 viviendas destinadas a uso turístico, de las cuales, unas 85.000 de ellas estarían incurriendo en prácticas irregulares, según el Ministerio de Vivienda. ¡Casi 140.000 viviendas destinadas a uso turístico sólo en Andalucía!, si ese volumen de inmuebles saliera al mercado, como lo estaba antes de este fenómeno especulativo, podríamos hablar de casi medio millón de personas que podrían acceder a su uso, ¡casi medio millón de personas!… en fin…
La segunda de las vertientes que presenta la escasez de vivienda, es la ausencia de suficiente número de ellas en construcción. Tras la crisis de finales de la primera década de este siglo, el mercado de la construcción quedó muy afectado y el ritmo de construcción de nuevos hogares no va al ritmo que la sociedad demanda, por estas razones de corte financiero y otras tales como, la escasez de suelo, las trabas burocráticas y la tardanza que por naturaleza supone la construcción de nuevos hogares.
Las administraciones públicas no son los llamados, o al menos no los únicos llamados, a resolver este problema. La posible solución del mismo, con tantas variantes requiere de un esfuerzo conjunto entre la administración central y autonómica, que son las competentes en materia de regulación legislativa en materia de vivienda, junto con las administraciones locales, propietarios de la mayoría del suelo y con competencias urbanísticas en su territorio, junto con la iniciativa privada, que libre de trabas, debería impulsar el desarrollo de nuevas viviendas que alivien la demanda en el mercado.
Junto a ello, una regulación valiente y equilibrada entre la necesidad de cuidar ese motor de nuestra economía que es el turismo y el derecho constitucional a la vivienda, mediante un férreo control de la proliferación de apartamentos turísticos, sacando de este sector al enorme volumen de viviendas “piratas”, cuyos propietarios no cumplen las normativas y que se amparan en grandes plataformas, de sobra conocidas, para ofrecer su producto en detrimento del alquiler tradicional.
La necesidad de regular y llevar a cabo un control de las grandes bolsas de inmuebles en manos de grandes tenedores e inversores extranjeros, asegurando que las mismas lleguen a ponerse a disposición del ciudadano a través de un mercado libre, pero regulado acorde a derecho.
Sacar al mercado las viviendas vacías que muchos propietarios son reacios a exponer, por miedo a que la actual legislación ampare situaciones de ocupación ilegal, imposibilidad de desahucios ante la posible vulnerabilidad de los inquilinos y la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales en defensa de sus derechos.
La gran dificultad que supone que las competencias de la administración, llamada a dar solución al problema, se encuentre fraccionada, entre el Ministerio de Vivienda, las Consejerías autonómicas correspondientes y los entes locales, dificulta e imposibilita de facto, afrontar este problema complejo con unidad de acción, dejando al albur de las capacidades y el alcance de cada una de ellas, el marco de actuación hasta el cual pueden llegar, dando por tanto siempre soluciones parciales, y que a veces van en dirección contraria a la línea seguida por alguna otra administración también con competencias. Y en medio de ello, el promotor privado, que debe navegar en un mar de trabas burocráticas y de normativa dispar, para tratar de llevar a cabo su negocio, con el añadido de los problemas financieros que siempre planean en este tipo de actividad.
Como he dicho al principio, a día de hoy, el problema de la vivienda en España, se ve como unas de las principales cinco preocupaciones que afectan a los españoles, no sé si cuando este artículo, como pretendo, forme parte de mi próximo libro, pueda actualizarlo y veremos entonces, si esta preocupación ha pasado a ser de las tres primeras, sigue tal cual u, ojalá, haya desaparecido.
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