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Los problemas del Consejo General del Poder judicial a ojos de “cualquier” ciudadano | Por Francisco José Chaparro

Los problemas del Consejo General del Poder judicial a ojos de “cualquier” ciudadano | Por Francisco José Chaparro

Es frecuente en los días que vivimos, que Usted, tal vez Usted, yo mismo o “cualquier” ciudadano que lea la prensa o vea las noticias, escuche de forma recurrente los problemas que se están dando con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para la inmensa mayoría es una noticia que pasa desapercibida, entre cualquier otra relacionada con la guerra de Ucrania, el asalto a la valla de Marruecos o las últimas estrellas Michelín que han repartido por los restaurantes españoles. Desgraciadamente, la importancia de un asunto tan serio queda subsumida en un cóctel de noticias que en forma de aluvión nos hacen llegar pasando inadvertida y sin que nosotros, los ciudadanos de a pie, alcancemos a entender la dimensión, el sentido y las consecuencias que tendrá la situación actual del CGPJ, si no se logra poner solución.

Para entenderlo y sin entrar en mayores profundidades técnico-jurídicas, he de decir, que este órgano que estructura y ampara a uno de los tres poderes que vertebran el estado de Derecho, el Poder Judicial, es un órgano independiente del resto de poderes Legislativo y Ejecutivo, su regulación está amparada por varias normas legales, destacando por encima de otras la Constitución Española (CE) y la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ). Es el órgano de los jueces, que elige a los jueces, que habrán de velar por la impartición de justicia en los distintos juzgados y tribunales de España, con especial importancia en los tribunales superiores, tales como el Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional (AN), los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (TSJ), el Tribunal Central Militar (TCM), y Audiencias Provinciales (AP).

Constituido por un presidente, también presidente del Tribunal Supremo y por veinte vocales, de los cuales doce se eligen entre jueces en activo de reconocida trayectoria profesional y ocho entre juristas de igual reconocido prestigio. Este órgano se renueva en su totalidad cada cinco años y cubre sus vacantes puntuales según criterios establecidos, al igual que designan a los jueces y magistrados que habrán de ocupar los cargos en las secciones y salas de los distintos órganos jurisdiccionales de las distintas instancias, como las antes mencionadas, de forma que sea por jubilación, decisión propia o cualquier otro motivo, cualquier vacante de  juez o magistrado, quedaba cubierta por la elección de otro, que el órgano de los jueces hacía, dando pleno sentido a la esencia de su razón de ser.

¿Cuándo ha surgido el problema del que oímos hablar a diario?, o hablando más claro aún, ¿Cuál es el problema?, pues podemos hablar de dos situaciones que han abocado a este órgano al borde del colapso; en primer lugar, el sistema de elección de sus vocales, que a pesar de pertenecer al poder judicial independiente del resto, deja en manos de las Cortes Generales y del Senado, la elección de los mismos, de forma que en base a unas mayorías de tres quintos, los representantes del poder legislativo eligen a los del poder judicial, reflejando irremediablemente en esta elección el peso que en cada momento tenga tal o cual partido político, designando irremediablemente a jueces de un perfil más conservador o progresista, en función del peso que los partidos mayoritarios (como hasta ahora) tengan en esa legislatura en las Cámaras legislativas.

Este sistema de elección, que muchas voces claman por cambiar pues “pervierte” la elección de los vocales que forman parte del consejo, nos lleva a la segunda de las situaciones que hemos comentado, para explicar la actual situación. El Consejo presente fue escogido por la Cámara legislativa que en su día controlaba con mayoría holgada el Partido Popular de Mariano Rajoy, con una por tanto mayoría de jueces de perfil conservador; el posterior cambio de gobierno al actual presidido por Pedro Sánchez de PSOE y Podemos, no ha tenido la oportunidad de renovar el órgano, debiendo sacar adelante leyes y convivir con la interpretación que de las mismas hacen jueces que ocupan, no sólo el consejo, sino también todas las instancias de los órganos judiciales superiores, jueces que, igualmente elegidos por el consejo conservador, suelen tener perfil del mismo talante.

La imposibilidad de ponerse de acuerdo los partidos políticos que controlan el Congreso, para obtener esa mayoría cualificada de tres quintos que renueve el Consejo, ha provocado que el CGPJ se mantenga en funciones desde hace ya cuatro años, que debió haber sido totalmente renovado. Esta situación que cuanto menos “incomoda” al gobierno en ejercicio, se trató de cercenar mediante una reforma legislativa en marzo de 2.021, que impide que el CGPJ pueda hacer nuevos nombramientos de jueces y magistrados estando en funciones, por lo que las vacantes por jubilación, fallecimiento, baja voluntaria o cualquier otra causa quedan sin cubrir, ralentizando y ya, imposibilitando el normal funcionamiento de estos órganos en particular que se ven afectados y de la justicia en general, que ve como acumula casos sin resolver por falta de jueces y magistrados.

Sin pretender ser muy exhaustivo para no aturdir al “ciudadano de a pie” que me lee, el Tribunal Supremo con una plantilla de 79 magistrados, dispone en la actualidad de 17 vacantes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no tiene Presidente, de los cinco miembros que componen el Tribunal Militar Central sólo queda uno, su presidente, haciendo inviable su normal funcionamiento, como inviable será la del resto de secciones de todos los órganos jurisdiccionales de este país, si esta situación de parálisis no se desbloquea.

Unas 1.000 sentencias menos cada año, sólo a día de hoy, situación que va a más a medida que más vacantes se van generando, la imposibilidad de que muchas Secciones de los distintos órganos se constituyan para impartir justicia y un colapso que se va extendiendo de los órganos superiores a los inferiores provocarán una paralización en la administración de justicia; ésta pronto acabará siendo palpable, por ese ciudadano de a pie, como Usted o como yo, que vemos el telediario con desidia al recibir información de este tema, pero que pronto veremos como su pleito de divorcio no avanza, como su recurso de apelación para recuperar su finca no se resuelve, como el entripado por aclarar en juicio ese delito del que se le acusa y que no ha cometido no se acaba de celebrar haciendo insoportable la espera, etc… 

Sólo cabe ir terminando apelando, valga el término legal para esta temática, a que los partidos políticos sean capaces de ponerse de acuerdo para desbloquear esta situación. No confío en ello; y seguro que cualquier lector que haya entendido lo que aquí se cuenta habrá deducido, que los intereses de partido instrumentalizan la elección de este órgano esencial en democracia, para interesadamente nombrar a los vocales más afines a sus postulados políticos, recurriendo para ello al bloqueo de la nueva elección que mantengan la actual mayoría conservadora los unos y cercenando mediante una imposición legal la elección de nuevos jueces los otros, aún a riesgo de que la justicia colapse y el daño se tarde décadas en reparar; de ambos sin duda, de sus incapacidades, mediocridades y falta de visión de Estado anteponiendo su intereses, será responsabilidad.  


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