“Democracia mejorable” | Por Juan José Robles
Marco Tulio Cicerón nos explica en su primer libro sobre La República, que no existe una forma de gobierno perfecta, ni la sostenido sobre la cabeza de un solo hombre, un rey o dictador, ni la ejercida por la clase más pudiente, ni la emanada de la voluntad del pueblo. Según él, lo ideal sería un estado dirigido por una combinación de las tres. Trasladar estas tesis a la política actual, puede ser a priori, un tanto complicado. Realmente no lo es tanto, si tenemos en cuenta, que muchas de las instituciones y leyes de la antigua Roma, han servido y sirven como modelo de las estructuras del estado en la actualidad. Si hacemos un recorrido por el mundo, encontramos grandes y pequeñas diferencias en la forma de organizar el estado. Aunque la gran mayoría, sobre una base, que son los tres poderes del estado, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial.
Si nos centramos en nuestro país, es decir España, podríamos distinguir hasta cinco poderes, claramente separados, pero intrínsicamente unidos, como iremos viendo. Nuestro sistema de gobierno es llamado, Monarquía Parlamentaria, un “formato” bastante alejado de la forma predominante en el mundo que es el republicano y sus diferentes variantes.
El sistema de gobierno está encabezado por el llamado “Jefe de Estado”, ósea el rey. Un primer poder sin más atribuciones que las meramente representativas y sancionadoras. Es un poder, que, aunque simbólico, no es elegido por el pueblo, sino que es vitalicio y hereditario. El monarca posee según la Constitución dos características llamadas potestas y auctoritas, dos cualidades derivadas del derecho romano, y que le confieren la autoridad máxima del estado.
El poder ejecutivo está encabezado por el Presidente del Gobierno, el cual es elegido por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Monarca, basándose en la mayoría parlamentaria. El presidente, es el encargado de elegir a sus ministros, los cuales no han de ser necesariamente miembros de ninguno de los parlamentos, es decir pueden ser o no, elegidos por el pueblo.
El poder legislativo está representado por dos cámaras diferentes. La primera es el Congreso de los Diputados, una cámara que emana de la voluntad del pueblo, tras unos comicios. La formación de esta cámara se forma mediante representación proporcional de la lista de partidos (método D´Hont), un sistema que favorece a las mayorías frente a los partidos minoritarios. Y el Senado, una cámara con funciones bastantes limitadas, de segunda lectura y que aspira a ser una cámara de representación territorial. No en vano, una parte de la cámara se elige por sufragio y el sistema para elegir a los senadores es el mayoritario con listas abiertas. Otra parte es designada por las diferentes cámaras autonómicas, primando a los partidos mayoritarios.
El poder Judicial, está encabezado por el CGPJ, un órgano de gobierno de los tribunales, cuya función es velar por el buen funcionamiento de la justicia y la independencia de ésta. Algo difícil de conseguir, teniendo en cuenta que la elección de miembros de este consejo, compete a partes iguales al Congreso de los Diputados y el Senado, y son los partidos mayoritarios los encargados de su elección, por lo tanto, no son elegidos por el pueblo de forma directa. Esta circunstancia ha llevado al Consejo al bloqueo de su renovación desde el año 2018, por falta de acuerdo entre los grandes partidos.
Podríamos considerar como el cuarto (o quinto poder), al Tribunal Constitucional, órgano encargado de velar de que la constitución se cumpla. Los miembros de este tribunal son elegidos por el Congreso de Los Diputados (4 miembros), el Senado (4 miembros), el CGPJ (2 miembros y el gobierno (2 miembros). Es decir, un tribunal que ha de velar por el buen funcionamiento de la democracia, tampoco es elegido por el pueblo de forma directa.
Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder». El filósofo, abogaba por la plena separación de poderes, para un sano y buen funcionamiento de los engranajes del estado. Es algo que claramente no ocurre en España, puesto que el nombramiento de los diferentes organismos dependen de otro, a excepción de los diferentes parlamentos, los únicos que son elegidos por el pueblo. Dicho esto, vemos que la separación de poderes es evidentemente inexistente, con lo cual la independencia de los diferentes poderes quedan en entredicho y por consiguiente la “calidad” de la democracia.
Es decir, nuestra democracia no es una democracia “plena”, como se suele presumir en muchos medios, es una democracia “mejorable”.
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